Esta es la pregunta que se realizan miles de personas trabajadoras ante el inminente proceso de vacunación masiva de la población para protegerla del COVID-19, ¿puede la empresa obligarme?
Imaginemos una persona trabajadora de nuestra Sanidad Pública o una persona que desarrolle su labor en una Residencia de Mayores, foco lamentablemente en la primera oleada y lugar, donde más vidas se ha cobrado la pandemia. Parece recomendable, que sí existe una barrera frente a la enfermedad, se use.
Pueden las empresas encontrarse, con la no descabellada decisión negativa por parte de la persona trabajadora. Para muchas personas la vacuna genera cierta desconfianza y sienten que podrían ser "cobayas" de las empresas farmacéuticas que las producen.
Y ante esta situación cabe preguntarse si las empresas pueden obligarnos a vacunarnos, veamos que dice la Ley.
La vacunación en el ámbito laboral tiene su encaje en el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales y más en concreto en el Real Decreto 664/1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos biológicos. La norma dice en su art. 8 "Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones prácticas contenidas en el anexo VI de este Real Decreto.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas de preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria.
El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán constar por escrito."
Conclusión
Las empresas cuyos trabajadores estén expuestos a agentes biológicos deberán facilitar la vacuna y su ofrecimiento deberá constar por escrito.
La decisión de vacunarse o no es de la persona trabajadora. Con la actual normativa en mano las empresas NO pueden obligarnos a vacunarnos, ni despedirnos, ni adoptar medidas disciplinarias por dicha causa.
Nada pudiera impedir, que la actual legislación pudiera modificarse si la negativa fuera generalizada.
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